“La situación es inaceptable y no podrá durar mucho”. Tras las palabras de la ministra marfileña de Sanidad, Christine Nebout, está la condena al embargo a la entrada de medicamentos en Costa de Marfil impuesto por la Unión Europea (UE).

Los problemas de suministro de medicamentos detectadas por la Farmacia de la Salud Pública (PSP) son debidas a la decisión de la UE de desviar todos los barcos con destino a los puertos de Abidjan y San Pedro hacia el puerto de Dakar, en cumplimiento de las medidas de la comunidad internacional para obligar al presidente de Costa de Marfil, Laurent Gbagbo, a ceder el poder a su rival, Alassane Ouattara. Las reacciones de los marfileños respecto a este embargo no se han hecho esperar.

Habla Oliver Guei: “La ONU y la UE tienen comportamientos que sobrepasan toda nuestra comprensión. Estamos ante una crisis postelectoral y, por tanto, un problema político que debe arreglarse políticamente, es decir, sin armas ni asesinatos. Costa de Marfil tiene más de 20 millones de habitantes, de los que menos de 5 millones participaron en las elecciones. 15 millones de marfileños no tomaron parte en los comicios y a muchos de ellos no les interesa la política. Prefieren dedicarse a sus ocupaciones cotidianas: ir a la oficina, ir al campo, comerciar y disfrutar de los frutos de su trabajo para garantizarse un mínimo vital, comer, dormir, tener un techo y distraerse. Pero es amargo constatar que por una historia de rechazo de unas elecciones en las que más de las ¾ partes de la población no ha participado se haga pasar necesidades a toda la población: los campesinos no pueden vender sus productos, los trabajadores no pueden cobrar porque Francia ha decidido cerrar los bancos en Costa de Marfil y, ahora, lo peor de todo, es este embargo sobre los medicamentos. ¿Qué vamos a hacer con los recién nacidos? ¿Y con las personas mayores? ¿Con los enfermos de hipertensión, diabetes, SIDA y otros males? Esto es algo nunca visto en el mundo, es inhumano, es racista”.

Para Konan Yannick Brou, “este embargo ni es eficaz ni es oportuno ni es humano. Privar a la población de las cosas esenciales a las que tiene derecho es simplemente inhumano”. Soule Kamagate, por su parte, pierde los estribos: “Es inhumano, racista e inaceptable que personas que se dicen defensoras de los Derechos Humanos puedan comportarse como animales salvajes y condenar a todo un pueblo a la muerte porque ese pueblo no quiere a su candidato como presidente de la República”.

Otro marfileño, André Lendoye, opina que “la revolución es un asunto de los pueblos. No fue necesario un embargo ni el cierre de bancos en Túnez, Egipto o Libia para obligar a irse a sus jefes de Estado. Fueron los habitantes quienes se alzaron. Dejad a los marfileños arreglar su problema interno. El embargo es una forma de golpe de Estado de las potencias extranjeras lideradas por Francia”.

DOS VARAS DE MEDIR

La crisis en Libia que los occidentales inscriben en las revueltas iniciadas en Túnez y Egipto ha conducido a la comunidad internacional a tomar medidas drásticas contra los dirigentes libios que se han declarado opuestos a todo cambio político. Pero la UE ha insistido en que el embargo a Libia no sea “un castigo colectivo”. Y la ONU tampoco esconde su posición respecto al embargo que sufre todo un pueblo, como son los palestinos en Gaza, calificado por la ONU como “inaceptable y contraproducente”. Sin embargo, en Costa de Marfil, donde la crisis postelectoral está a punto de derivar en una guerra civil, se pretende transformar el país en un cementerio.

El derecho a la Salud es universal y está consagrado por numerosos tratados internacionales y regionales sobre los Derechos Humanos. Está recogido en las constituciones de los países de todo el mundo. El derecho a la salud impone obligaciones a los estados como no poner trabas a este ejercicio, que es lo que está haciendo la UE con este embargo sobre los productos farmacéuticos, y garantizar que terceros no impiden este derecho. Este embargo es un atentado contra los Derechos Humanos.

Este embargo procede de la batería de decisiones adoptadas por la UE mientras la Unión Africana intenta deshacer el nudo marfileño por vías pacíficas. Los jefes de Estado que componen el panel de la UA se encontrarán el próximo 4 de marzo en Mauritania con este objetivo.

CASTIGOS

En Costa de Marfil hay un presidente que tiene que el aval de una institución nacional y otro que lo tiene de la comunidad internacional. Para hacer valer su punto de vista, la comunidad internacional utiliza todos los medios a su alcance, fundamentalmente las sanciones, la congelación de activos, la amenaza de ataques militares y la asfixia económica (cierre de bancos, prohibición de comerciar con los puertos marfileños, prohibición de exportar cacao, del que Costa de Marfil es el principal exportador mundial, etc).

En otras palabras, la comunidad internacional pretende hacer comprender a los marfileños es que cuando no se está de acuerdo con ella uno se expone a todo un arsenal de castigos.

Una de las grandes armas de la famosa comunidad internacional es amenazar a los ciudadanos con exponerse a las iras del Tribunal Penal Internacional. Pero, ¿cómo amenazar a un ciudadano marfileño que acaba de perder a su mujer debido a una hemorragia, todo porque un sábado por la noche no pudo conseguir el dinero en un cajero para que fuera atendida debido al embargo económico impuesto a todo un pueblo? ¿O simplemente porque las farmacias están vacías de medicinas debido a este embargo? ¿Este bloqueo debilitará a Laurent Gbagbo?

Todo embargo es causa de grandes problemas al pueblo y obstaculiza los esfuerzos de desarrollo. En todo el mundo, estos embargos provocan muerte, enfermedades y una gran angustia. Quienes lo sufren carecen de medicamentos y de otros productos básicos, provocando al país graves consecuencias para su supervivencia económica y sus relaciones comerciales con otros estados. Sin embargo, la historia nos muestra que sólo sobre la base del diálogo se pueden resolver las diferencias. No está claro que los más afectados por el embargo vayan a ser los gobernantes marfileños. Esto es lo que lamentan los marfileños.

Es el momento de liberar a los responsables de las empresas del dilema tan insostenible como incongruente que consiste en pedirles que incumplan las normas del país en el que ejercen su actividad en nombre de una verdad que es difícil que se imponga naturalmente. Una comunidad internacional que ejerce este chantaje y que apoya los comportamientos contrarios a la ley pierde toda su credibilidad y no merece ser seguida.

Ya no se trata de que te guste o no el presidente investido por el Consejo Constitucional de Costa de Marfil, se trata de considerar los métodos de una comunidad internacional que debería abandonar su política de chantaje en este país. Se trata de desear que la comunidad internacional comprenda que es más injusto matar de hambre a un pueblo que recontar los votos expresados en unas elecciones o comprobar las actas del proceso electoral.
u